EXTINCIÓN RETROACTIVA DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS CON OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LAS CANTIDADES RECIBIDAS INDEBIDAMENTE

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de junio de 2016.

ABUSO DE DERECHO. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

SEGUNDO.- Conforme al artículo 142 del Código Civil se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, comprendiendo igualmente la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

De ahí que, en los supuestos en que dicho deber afecta a los hijos, el artículo 93 del citado texto legal, en el marco de los procedimientos matrimoniales, disponga que el Juez, "en todo caso", determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos, haciendo extensiva dicha obligación respecto de los comunes descendientes que, aun habiendo alcanzado la mayoría de edad, convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios.

En lógica relación con dichas previsiones normativas, el artículo 152-3º del repetido Código dispone que cesará la obligación de dar alimentos cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia. De dicho precepto se infiere claramente que, en los diversos supuestos contemplados en el mismo, la extinción del citado deber se produce ex lege, es decir en el caso y desde el momento en que acaezca cualquiera los eventos allí contemplados, y ello sin perjuicio de la necesidad, en algunos de ellos, de su declaración a través del correspondiente procedimiento judicial.

En consecuencia, la sanción por los tribunales de la exigibilidad de la obligación alimenticia en un procedimiento matrimonial, cuál es la situación que ahora nos ocupa, no habilita la posibilidad de hacer efectiva la misma por vía ejecutiva de modo indefinido, esto es en tanto no se declare, por sentencia firme y en un procedimiento seguido al amparo del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , el cese de tal deber económico, pues el mismo, por su propia naturaleza y regulación legal, sólo subsiste en tanto se den los condicionantes que determinaron su inicial sanción judicial, quedando automáticamente extinguido desde que concurra cualquiera de las causas al efecto contempladas en la citada normativa.

Ello suscita el problema de la exigibilidad del reintegro de aquellas sumas que, por tal concepto, hayan sido abonadas tras producirse alguna de las causas de extinción legalmente contempladas; ello no ha de acaecer cuando las mismas eran perfectamente conocidas por el progenitor alimentante al tiempo de efectuar los correspondientes abonos, pues tal conducta obedece a su libre decisión, y determina la improcedencia de su reintegro, de conformidad con el principio de vinculatoriedad de los actos propios, según doctrina elaborada jurisprudencialmente sobre la base del artículo 7º del Código Civil

Pero no habrá que suceder lo mismo en aquellos otros supuestos en que se oculta al alimentante la existencia de circunstancias sobrevenidas que han de determinar, de conformidad con los antedichos preceptos legales, el cese de la obligación, especialmente cuando el alimentista dispone ya de recursos propios con los que sufragar, de modo autónomo, sus propias necesidades, o, siendo mayor de edad y careciendo de independencia económica, no convive ya con ninguno de sus progenitores, lo que, a tenor de lo prevenido, a contrario sensu, en el citado artículo 93-2 C.C.  determina la inexigibilidad de la obligación examinada en el marco procesal de una litis matrimonial.

En definitiva, y al contrario de lo que sostiene la dirección Letrada de la parte apelada, la sola circunstancia de estar reconocida la obligación de alimentos mediante sentencia que no haya sido modificada a través del cauce del artículo 775 L.E.C. , no habilita, en los supuestos antedichos, el que uno de los progenitores pueda seguir reclamando, y recibiendo, pensiones de alimentos cuyos condicionantes fácticos, en orden a la subsistencia del derecho, ya han desaparecido, pues tal visión formalista del derecho entra en abierta colisión con la normativa analizada, implicando un anómalo intento de enriquecimiento sin causa, que no puede ser tutelado por los tribunales, so pena de vulnerar el principio, recogido por reiterada y conocida doctrina jurisprudencial, de que nadie puede enriquecerse sin razón en perjuicio de otro ( STS, entre otras, de 30 de marzo de 1988, 28 de marzo, 19 de abril y 15 de noviembre de 1990).

TERCERO.- En el caso que hoy nos ocupa ha quedado cumplidamente acreditado que el hijo Agapito, nacido en fecha NUM000 de 1988, se encuentra incorporado al mercado de trabajo, de forma ininterrumpida, desde el 10 de mayo de 2005. Cierto  es que, en aquel momento, era menor de edad y convivía con su madre, lo que, en principio, podría determinar la rígida y formal aplicación al caso de las previsiones del artículo 93 ("en todo caso"); pero obvio es que tal imperativo se encuentra necesariamente subordinado a las necesidades del hijo, en tal modo que si el mismo goza de recursos propios con los que atenderlas, aun en el entorno familiar de uno de sus progenitores, el deber del otro, aun subsistiendo en un plano meramente forma, tan sólo será exigible  en aquellas etapas en que el hijo carezca de recursos propios, quedando en suspenso en aquellas otras en que disponga de autonomía pecuniaria.

Y en cuanto, según se ha expuesto, la actividad laboral remunerada del común descendiente no ha cesado desde que inició la misma, lo que fue ocultado al hoy apelante quien, por ello, ha tenido que seguir pagando la pensión de alimentos cuyo requisitos, en orden a su exigibilidad ejecutiva, ya no concurrían, procede, en aplicación de lo prevenido en el citado artículo 7º del Código Civil , establecer las medidas pertinentes para reparar tal abuso, lo que determina el acogimiento, en los términos que se dirán, de la pretensión deducida en tal extremo del debate, a fin de acomodar el pronunciamiento extintivo al efecto contenido en la Sentencia de instancia al momento y circunstancias en que, legalmente, cesa la obligación de alimentos .

En lo que concierne a la hija, no consta que se haya incorporado al mercado de trabajo, de forma más o menos estable, hasta el mes de noviembre de 2012, habiendo permanecido durante su minoría de edad bajo la custodia de la madre, bien directamente en su entorno residencial, bien en régimen de internado, en colegios privados o en Centros de la Comunidad de Madrid, por lo que, en dicho período, debe subsistir, de modo incondicional el deber alimenticio sancionado a cargo del progenitor no custodio.

Solución distinta ha de ofrecer la cuestión planteada una vez que la citada descendiente alcanza, en fecha 14 de septiembre de 2012, la mayoría de edad, pues desde entonces no convive con la madre, quien desconoce todo lo concerniente a aquélla, no obstante lo cual, en claro y prohibido abuso de derecho, ha seguido reclamando, y percibiendo, una prestación económica del otro progenitor que no ha destinado a cubrir las necesidades de la titular del derecho alimenticio; por lo cual, y desde dicha fecha, no es exigible la obligación alimenticia.

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